ÐÏà¡±á>þÿ <>þÿÿÿ56=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á@ ø¿+ÿbjbjûû ¶Š™u™uOÔ"Nÿÿÿÿÿÿˆ"""öTlll4 vvvhtv, wü I¡ö¨xÆnz(–z–z–z–zVì{dP|4ì î î î î î î ?¢R‘¤àî l„|–z–z„|„|î ll–z–z¡´€´€´€„|Xl–zl–zì ´€„|ì ´€´€œš ll`–zœxàù$•jÅvÜ| ¼œ.¨žD¡0I¡êœvq¥|}q¥X` llllq¥l`H„|„|´€„|„|„|„|„|î î „$2(Fä/˜€ $(FOrganización Mundial del ComercioWT/DS268/12 7 de junio de 2005(05-2316)Original: inglés estados unidos - EXÁMENES Por EXTINCIÓN de las medidas ANTIDUMPING impuestas a losartículos tubulares para campospetrolíferos procedentesde la argentina ARB-2005-1/18 Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias Laudo del Árbitro A.V. Ganesan Índice Página TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc105495779" I. Introducción PAGEREF _Toc105495779 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc105495780" II. Argumentos de las Partes PAGEREF _Toc105495780 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc105495781" A. Estados Unidos PAGEREF _Toc105495781 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc105495782" B. Argentina PAGEREF _Toc105495782 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc105495783" III. Plazo prudencial PAGEREF _Toc105495783 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc105495784" A. Principios generales PAGEREF _Toc105495784 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc105495785" B. Las recomendaciones y resoluciones del OSD que deben aplicarse PAGEREF _Toc105495785 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc105495786" C. Los medios de aplicación PAGEREF _Toc105495786 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc105495787" D. El proceso de aplicación PAGEREF _Toc105495787 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc105495788" E. La Argentina como país en desarrollo Miembro PAGEREF _Toc105495788 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc105495789" F. Determinación del "plazo prudencial" PAGEREF _Toc105495789 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc105495790" IV. Laudo PAGEREF _Toc105495790 \h 22 CUADRO DE ARBITRAJES CITADOS EN EL PRESENTE LAUDO Título abreviadoTítulo completo y referencia del arbitraje Australia - Salmón Laudo del Árbitro, Australia - Medidas que afectan a la importación de salmón - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS18/9, 23 de febrero de 1999 Canadá - AutomóvilesLaudo del Árbitro, Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS139/12, WT/DS142/12, 4 de octubre de 2000Canadá - Patentes para productos farmacéuticosLaudo del Árbitro, Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS114/13, 18 de agosto de 2000Canadá - Período de protección mediante patente Laudo del Árbitro, Canadá - Período de protección mediante patente - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS170/10, 28 de febrero de 2001CE - HormonasLaudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (Hormonas) - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS26/15, WT/DS48/13, 29 de mayo de 1998CE - Preferencias arancelariasLaudo del Árbitro, Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS246/14, 20 de septiembre de 2004Corea - Bebidas alcohólicasLaudo del Árbitro, Corea - Impuestos a las bebidas alcohólicas - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS75/16, WT/DS84/14, 4 de junio de 1999Chile - Sistema de bandas de preciosLaudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS207/13, 17 de marzo de 2003Estados Unidos - Acero laminado en calienteLaudo del Árbitro, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS184/13, 19 de febrero de 2002Estados Unidos - Articulo 110 (5) de la Ley de Derecho de AutorLaudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS160/12, 15 de enero de 2001Estados Unidos - Ley de 1916Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS136/11, WT/DS162/14, 28 de febrero de 2001Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS217/14, WT/DS234/22, 13 de junio de 2003Japón - Bebidas alcohólicas II Laudo del Árbitro, Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas - Arbitraje de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13, 14 de febrero de 1997 Organización Mundial del ComercioLaudo del árbitro Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina Partes: Argentina Estados Unidos ARB-2005-1/18 Árbitro: A.V. Ganesan Introducción El 17 de diciembre de 2004, el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") adoptó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, tal como fue modificado por el informe del Órgano de Apelación, sobre el asunto Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina ("Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos"). En la reunión del OSD de 14 de enero de 2005, los Estados Unidos indicaron que tenían intención de aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia, y afirmaron que necesitarían un plazo prudencial para hacerlo. El 11 de marzo de 2005, la Argentina comunicó al OSD que las consultas con los Estados Unidos no habían permitido llegar a un acuerdo sobre el plazo prudencial para la aplicación. En consecuencia, la Argentina solicitó que ese período se determinara mediante arbitraje vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 c) del artículo 21 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD"). Posteriormente, el 16 de marzo de 2005, la Argentina y los Estados Unidos comunicaron al OSD que habían acordado que el laudo del árbitro, emitido por éste a más tardar 60 días después de la fecha de su designación, se consideraría un laudo arbitral a los efectos del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD a pesar de que hubiera expirado el plazo de 90 días estipulado en el párrafo 3 c) del artículo 21. El 22 de marzo de 2005, la Argentina comunicó por escrito al Director General que la Argentina y los Estados Unidos no habían podido llegar a un acuerdo para la designación de un árbitro. En consecuencia, la Argentina solicitó al Director General que designara un árbitro de conformidad con la nota 12 al párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, que dispone que el Director General lo hará "en un plazo de 10 días, después de consultar con las partes". No obstante, antes de que el Director General hubiera completado sus consultas con las partes, la Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre la elección de un árbitro y, en una carta conjunta fechada el 30 de marzo de 2005, me pidieron que actuara como árbitro en este asunto. El 8 de abril de 2005 comuniqué por escrito a la Argentina y a los Estados Unidos que aceptaba la designación para actuar como árbitro, y confirmé que emitiría mi laudo a más tardar el 7 de junio de 2005, es decir, no más tarde de 60 días después del 8 de abril de 2005, fecha de esa designación. Los Estados Unidos y la Argentina me presentaron sus comunicaciones escritas el 22 de abril de 2005. El 18 de mayo de 2005 se celebró una audiencia con ellos. Argumentos de las partes Estados Unidos Los Estados Unidos me piden que determine que el "plazo prudencial" para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia es de 15 meses desde la fecha de adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación, por lo que finalizaría el 17 de marzo de 2006. Según los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (el "USDOC"), para cumplir las recomendaciones y resoluciones pertinentes, tendría en primer lugar que enmendar las disposiciones sobre la renuncia que figuran en su reglamento. Una vez publicado el reglamento enmendado, el USDOC pondría en marcha el proceso de formulación de una nueva determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping en el examen por extinción concerniente a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. El USDOC sostiene que no puede completar en paralelo esas dos etapas de aplicación "debido a la repercusión de las disposiciones sobre la renuncia incompatibles con la OMC en la determinación de probabilidad sobre la base del conjunto de la orden". En ese sentido, los Estados Unidos ponen de relieve que en la presente diferencia el Grupo Especial "declinó expresamente" recomendar la manera en que los Estados Unidos debían aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. En cualquier caso, los Estados Unidos aducen que anteriores laudos arbitrales confirman que es el Miembro que debe proceder a la aplicación quien ha de decidir los medios para ello, incluida la secuencia de los trámites de aplicación. Empezando por la primera etapa de aplicación, los Estados Unidos sostienen que el USDOC necesitará alrededor de nueve meses para publicar un nuevo reglamento en el United States Federal Register (el "Federal Register"). Señalan que esta etapa, que está regulada por el artículo 123 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, comprende los siguientes trámites: en los primeros tres meses se celebrarán consultas entre: el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales (el "USTR") y el USDOC; el USTR y el Congreso de los Estados Unidos; y el USTR y determinados comités consultivos del sector privado. Esas consultas ya están en curso: el USTR y el USDOC han celebrado consultas; el USTR y el Congreso han celebrado consultas; y el USTR está celebrando consultas con los comités consultivos. Este período de tres meses finalizará cuando el USTR presente al Congreso un informe en el que se describa la disposición propuesta, los motivos que la justifican y las sugerencias de los comités consultivos del sector privado. El USTR ya ha empezado a preparar este informe; el USDOC necesitará después tres meses para completar los trámites preparatorios para la publicación de la disposición propuesta en el Federal Register y la publicación propiamente dicha. Antes de la publicación, el USDOC está obligado a distribuir la disposición propuesta para su aprobación interna, a modificarla con arreglo al resultado de las consultas del USTR con el Congreso y los comités consultivos del sector privado, y a recabar de la Oficina de Gestión y Presupuesto (el organismo encargado de supervisar la formulación de normas por los organismos) la aprobación de la publicación de la disposición propuesta; y después de la publicación de la disposición propuesta, el USDOC necesitará otros tres meses para preparar la publicación de la disposición definitiva en el Federal Register y para la publicación propiamente dicha. Antes de la publicación, el USDOC tendrá que atender a las observaciones del público sobre la disposición propuesta y el USTR celebrará consultas finales con el Congreso. Los Estados Unidos explican que la disposición definitiva no debe entrar en vigor antes del final del plazo de 60 días a contar desde la fecha en que comenzaron las consultas con el Congreso sobre la disposición definitiva, a no ser que el Presidente determine que una fecha anterior de entrada en vigor obra en interés nacional. Por lo que respecta a la segunda etapa de aplicación, los Estados Unidos sostienen que el USDOC necesitará seis meses para publicar una nueva determinación de probabilidad en el examen por extinción de que se trata. Aducen que esa etapa, que está regulada por el artículo 129 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, conlleva los siguientes trámites: durante el primer mes se celebrarán consultas entre el USTR y el USDOC y entre el USTR y el Congreso; durante los dos meses siguientes, el USDOC preparará cuestionarios para las partes interesadas y examinará las respuestas antes de publicar una redeterminación preliminar; las partes interesadas dispondrán de un mes para presentar al USDOC observaciones sobre la redeterminación preliminar. Ello puede incluir la celebración de una audiencia, si procede; el USDOC dispondrá entonces de un mes para atender a las observaciones de las partes interesadas antes de publicar su redeterminación definitiva; y el USTR necesitará un mes más para examinar la redeterminación definitiva y para la celebración de consultas entre el USTR y el USDOC y entre el USTR y el Congreso. En función de las circunstancias, el USTR puede dar instrucciones al USDOC para que aplique la redeterminación definitiva y notifique al público esa aplicación publicándola en el Federal Register. Los Estados Unidos indican que en el curso de la segunda etapa de aplicación, el USTR solicitará formalmente al USDOC que publique una redeterminación para "hacer que sus medidas no sean incompatibles" con las constataciones pertinentes del Grupo Especial o el Órgano de Apelación. Formulada esa solicitud, el USDOC dispondrá de 180 días para publicar una nueva determinación. Los Estados Unidos añaden que "en la práctica, el USTR a veces ha esperado a transmitir esa solicitud hasta justo antes de que [el USDOC] le indicara informalmente que estaba listo para publicar una nueva determinación". Los Estados Unidos aducen que el tiempo que requieren esos trámites de procedimiento en las dos etapas de aplicación demuestra que en la presente diferencia es preciso establecer un plazo de aplicación de 15 meses. En particular, el USTR tiene que recabar las observaciones de varios órganos y partes interesadas a lo largo de todo el proceso de aplicación. Los Estados Unidos indican que otros árbitros han reconocido la importancia de esas consultas y han dado tiempo suficiente para que tengan lugar. En segundo lugar, el USDOC necesita también tiempo suficiente para asegurarse de que cumple las obligaciones en materia de transparencia y garantías procesales que le corresponden en virtud de los artículos 6 y 12 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"). Los Estados Unidos aducen que, de conformidad con otros laudos arbitrales, ello debe incluir tiempo para obtener y analizar información de partes interesadas, aunque las leyes o reglamentos no lo requieran expresamente. Por esas razones, los Estados Unidos sostienen que un plazo de 15 meses, que finalizaría el 17 de marzo de 2006, es un plazo prudencial para que apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia. Argentina La Argentina me pide que determine que el "plazo prudencial" para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia es de siete meses desde la fecha de adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación, por lo que finalizaría el 17 de julio de 2005. La Argentina pone de relieve tres "circunstancias especiales" de la presente diferencia que considera pertinentes para la determinación del plazo prudencial de conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD. La primera guarda relación con la naturaleza de una de las disposiciones del Acuerdo Antidumping con la que se ha constatado que los Estados Unidos han actuado de manera incompatible, a saber, el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, que regula los exámenes "por extinción" de los derechos antidumping. El párrafo 3 del artículo 11 contiene un elemento temporal en cuanto que requiere que los Miembros supriman los derechos antidumping a más tardar en un plazo de cinco años desde la fecha de su imposición. En la presente diferencia, han transcurrido aproximadamente cinco años desde la fecha para la cual los Estados Unidos debían suprimir los derechos. Según la Argentina, esto refuerza la necesidad de un "pronto cumplimiento" de conformidad con el párrafo 1 del artículo 21 del ESD. En segundo lugar, los Estados Unidos han invocado la excepción prevista en el párrafo 3 del artículo 11, en virtud de la cual un Miembro puede seguir aplicando el derecho antidumping una vez transcurridos cinco años si sus autoridades han hecho una determinación específica en un examen que cumpla determinadas "condiciones muy rigurosas". El OSD ha resuelto que los Estados Unidos no pueden invocar válidamente la "excepción". Por tanto, lo que hay que determinar en esta diferencia es simplemente cuánto tiempo necesitan los Estados Unidos para cumplir la "regla" establecida en el párrafo 3 del artículo 11, es decir, para suprimir los derechos. En tercer lugar, la principal incompatibilidad de las medidas de los Estados Unidos, en su aplicación, en el examen por extinción objeto de la presente diferencia obedece a "la falta de pruebas positivas que respalden la determinación [del USDOC] de que el dumping sería probable". Esa incompatibilidad es distinta de las infracciones en que incurren la ley y el reglamento estadounidenses "en sí mismos". Modificar la ley y el reglamento para hacer frente a la incompatibilidad de las disposiciones sobre la renuncia, y aplicar después la ley y el reglamento modificados a este examen por extinción, no subsanaría la incompatibilidad primaria de las medidas "en su aplicación", porque "las pruebas que figuran en el expediente desarrollado por [el USDOC] en las fechas del examen en virtud del párrafo 3 del artículo 11 no podían entonces, ni pueden ahora, respaldar la determinación [del USDOC] de probabilidad de dumping". La Argentina aduce, en consecuencia, que no debo determinar el plazo prudencial basándome en esa secuencia de aplicación, que no puede culminar en el cumplimiento. Antes bien, en el presente caso, el tiempo requerido para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD por lo que respecta a la determinación de probabilidad del USDOC en el examen por extinción de que se trata es simplemente el tiempo necesario para retirar la orden de imposición de derechos antidumping subyacente. Los Estados Unidos no tienen que esperar a haber enmendado su ley y su reglamento antes de abordar esta infracción administrativa "en su aplicación". En ese sentido, la Argentina hace referencia a otro laudo arbitral en el que se reconoció que un Miembro al que incumbe la aplicación puede adoptar medidas administrativas para la aplicación al mismo tiempo que adopta medidas legislativas. Por lo que respecta a la secuencia de aplicación, la Argentina se remite a los métodos de aplicación seguidos por los Estados Unidos en determinadas diferencias. La Argentina señala que en Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón y Estados Unidos - Medidas compensatorias que afectan a determinados productos originarios de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos primero enmendaron los reglamentos incompatibles y después aplicaron los nuevos reglamentos a los procedimientos específicos en cuestión. Sin embargo, "en la legislación estadounidense no hay nada que justifique esa posición". Por el contrario, la legislación estadounidense prevé la publicación de una nueva determinación que no sea incompatible con las recomendaciones y resoluciones del OSD pertinentes. Además, en aquellos dos casos, la infracción por las medidas "en su aplicación" fue consecuencia de la aplicación de una ley o reglamento que eran "en sí mismos" incompatibles con obligaciones contraídas en el marco de la OMC. Este no es el caso de la presente diferencia. Por el contrario, "arreglar primero las infracciones 'en sí mismas' y aplicar después las disposiciones sobre la renuncia enmendadas no subsanaría la infracción principal 'en su aplicación'" en esta diferencia, que, según la Argentina, es "la falta de cualquier prueba que respalde la determinación de probabilidad formulada por [el USDOC]". La Argentina aduce que un caso más parecido a éste es el asunto Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes de Alemania, donde los Estados Unidos simplemente revocaron la orden sobre derechos compensatorios que era incompatible al amparo de las disposiciones sobre "cambio de circunstancias" de la legislación estadounidense. La Argentina hace también determinadas consideraciones generales que a su juicio son pertinentes en este procedimiento de arbitraje. Según la Argentina, incumbe al Miembro a quien corresponde la aplicación la obligación de demostrar que el plazo para la aplicación que propone es el plazo más breve posible en el marco de su ordenamiento jurídico. Además, ese Miembro debe tomar medidas orientadas a la aplicación tan pronto como el OSD adopte los informes pertinentes. La Argentina señala que los Estados Unidos eran conscientes de las recomendaciones y resoluciones del OSD relativas a las infracciones "en su aplicación" bastante antes del 17 de diciembre de 2004, fecha de su adopción por el OSD, porque no apelaron contra las constataciones formuladas por el Grupo Especial en ese sentido. La Argentina sostiene además que si constato que los Estados Unidos no iniciaron el proceso de cumplimiento a partir de la fecha de la adopción por el OSD de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación, debo tener en cuenta esa "conducta dilatoria" al determinar el plazo prudencial. La Argentina hace hincapié también en que los Estados Unidos deben aprovechar la flexibilidad y las facultades discrecionales que les ofrece su sistema legislativo para cumplir lo más pronto posible. Por lo que respecta al proceso de aplicación, la Argentina sostiene que los Estados Unidos pueden, simultáneamente, a lo largo de un solo período de siete meses: revocar la determinación incompatible del USDOC en el examen por extinción objeto de esta diferencia; enmendar la Ley Arancelaria de 1930; y enmendar el reglamento pertinente del USDOC. La Argentina sostiene que los Estados Unidos pueden revocar la orden antidumping en cuestión ya sea al amparo de las disposiciones sobre "cambio de circunstancias" de la legislación estadounidense o al amparo del artículo 129(b) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. El artículo 129(b) no establece plazos específicos para la aplicación, aparte de requerir que el USDOC formule una nueva determinación en un plazo de 180 días a contar desde una solicitud del USTR de que lo haga. La Argentina sostiene que los Estados Unidos deben aprovechar esa flexibilidad para completar rápidamente la aplicación. La Argentina señala también que las enmiendas de los reglamentos del USDOC están reguladas por el artículo 123(g) de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Con arreglo a esa disposición tiene que haber un período de consultas de 60 días antes de que una disposición definitiva entre en vigor, a no ser que el Presidente determine que una fecha anterior obra en interés nacional. La Argentina afirma que el artículo 123(g) ofrece a los Estados Unidos una flexibilidad significativa. En suma, la Argentina aduce que "no hay impedimentos constitucionales ni otros impedimentos jurídicos para la aplicación por los Estados Unidos" en un plazo breve. La Argentina considera también que debo tener en cuenta, al formular mi determinación, el hecho de que es un país en desarrollo reclamante. En particular, la Argentina declara que "debido a las medidas estadounidenses incompatibles con la OMC, el acceso de la Argentina, un país en desarrollo Miembro, al mercado estadounidense, sigue estando obstaculizado". Indica también que, en contraste con el arbitraje sobre el asunto Chile - Sistema de bandas de precios, el Miembro al que incumbe la aplicación en esta diferencia no es un país en desarrollo Miembro. Por último, la Argentina indica algunas consideraciones, en particular las prácticas internas del Congreso de los Estados Unidos, que a su juicio son irrelevantes por lo que respecta a la determinación del plazo prudencial. Aduce, en consecuencia, que no debo tener en cuenta el tiempo que los Estados Unidos necesitan para aplicar cambios legislativos más amplios, como en el caso de un proyecto de ley de comercio general ("Omnibus Trade Bill") que combine un gran número de medidas comerciales, o el hecho de que normalmente el Congreso aprueba un gran número de proyectos de ley al final de cada período de sesiones. Además, la Argentina sostiene que las "consideraciones ajenas", como la conflictividad del proceso de cumplimiento, son irrelevantes, y que no debe concederse sobre esa base un tiempo adicional para ampliar las consultas con las partes interesadas. Por esas razones, la Argentina sostiene que un plazo de siete meses, que finalizaría el 17 de julio de 2005, es un plazo prudencial para que los Estados Unidos apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia. Plazo prudencial Principios generales De conformidad con el párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD, mi función como árbitro en el presente caso es determinar el "plazo prudencial" para que los Estados Unidos apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD en el asunto Estados Unidos - Exámenes por extinción por respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos. Como los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación sobre esa diferencia fueron adoptados por el OSD el 17 de diciembre de 2004, el "plazo prudencial" se calculará a partir de esa fecha. El párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD estipula que, cuando el "plazo prudencial" se determine mediante arbitraje: ... una directriz para el árbitro ha de ser que el plazo prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del Órgano de Apelación no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no obstante, ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso. (se omite la nota de pie de página) Antes de examinar la situación fáctica que prevalece en la presente diferencia, deseo poner de relieve determinados principios generales que se han aplicado en anteriores arbitrajes en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 y que son pertinentes para la determinación del "plazo prudencial" en la presente diferencia. En primer lugar, el "plazo prudencial" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21 debe ser "el plazo más breve posible en el cual, dentro del sistema jurídico del Miembro de que se trate, puedan aplicarse las recomendaciones y resoluciones pertinentes del OSD" a la luz de "las circunstancias del caso" en la diferencia. Tanto los Estados Unidos como la Argentina están de acuerdo con este principio general. En segundo lugar, la naturaleza de las medidas que han de adoptarse para la aplicación afecta al "plazo prudencial" requerido para aplicar plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD. La aplicación puede requerir enmiendas de leyes o reglamentos que pueden entrañar procedimientos legislativos, o puede requerir enmiendas de directrices o procedimientos administrativos que no los entrañan. La aplicación puede también conllevar únicamente la corrección de las deficiencias de una determinación en particular. En otros laudos arbitrales en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 se ha reconocido que cuando la aplicación requiere medidas legislativas, el "plazo prudencial" necesario puede ser mayor que en los casos en que sólo es preciso adoptar medidas administrativas para enmendar directrices o procedimientos o para corregir las deficiencias de determinaciones específicas. Sin embargo, con arreglo al párrafo 3 c) del artículo 21 no incumbe al árbitro prescribir un método concreto de aplicación y determinar el "plazo razonable" basándose en ese método. En tercer lugar, sea cual sea el método de aplicación escogido por el Miembro al que incumbe la aplicación, éste debe aprovechar la flexibilidad y las facultades discrecionales que ofrece su sistema jurídico y administrativo para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD lo más rápidamente posible. En cuarto lugar, como aclara el texto del párrafo 3 c) del artículo 21, al determinarse el "plazo prudencial" para la aplicación es preciso tener en cuenta las "circunstancias del caso" en cada diferencia. Sin embargo, los Estados Unidos y la Argentina no están de acuerdo sobre lo que en esta diferencia son las "circunstancias del caso" en el sentido del párrafo 3 c) del artículo 21. La Argentina aduce que debo tener en cuenta, como una de las "circunstancias del caso", la naturaleza de las disposiciones del Acuerdo de la OMC cuya infracción por los Estados Unidos se ha constatado en la diferencia subyacente. Esa infracción atañe a una determinación en un "examen por extinción" con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. El párrafo 3 del artículo 11 obliga a los Miembros a suprimir los derechos antidumping no más tarde de cinco años después de su imposición. Esa es la "regla", y la continuación de los derechos antidumping más allá de cinco años, después de un examen por extinción, es una "excepción" que debe satisfacer "condiciones muy rigurosas". La Argentina observa que en el presente caso han pasado aproximadamente cinco años desde la fecha en que los Estados Unidos estaban obligados a suprimir los derechos. Aduce que, al haberse constatado que la "invocación" por los Estados Unidos de la "excepción" a la "regla" del párrafo 3 del artículo 11, lo único que hay que determinar es el tiempo necesario, con arreglo a la legislación estadounidense, para retirar la orden de imposición de derechos antidumping. Los Estados Unidos, por el contrario, aducen que las "circunstancias del caso" pertinentes en esta diferencia no pueden incluir la naturaleza de la disposición específica en litigio en el procedimiento subyacente, a saber, el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. Tampoco pueden incluir el método concreto de aplicación propuesto por la Argentina, a saber, la revocación de la orden de imposición de derechos antidumping, ni la consideración de que la supresión del derecho es la "regla", y su continuación una "excepción" en virtud del párrafo 3 del artículo 11. Antes bien, "las circunstancias del caso" que otros árbitros han tenido en cuenta incluyen la forma jurídica de la aplicación, la complejidad técnica de las medidas que necesariamente han de adoptarse y aplicarse, y el tiempo que el Miembro al que incumbe la aplicación necesita para llevar a buen término la forma de aplicación propuesta en el marco de su ordenación jurídico. Por tanto, las "circunstancias del caso" pertinentes en esta diferencia son el tiempo que los Estados Unidos necesitan para completar los procedimientos internos que culminarían en la plena aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD, teniendo en cuenta que el USDOC está obligado a enmendar las "disposiciones sobre la renuncia" del Reglamento del USDOC que se ha constatado que son "en sí mismas" incompatibles con la OMC. Los Estados Unidos resaltan que el USDOC no estará en condiciones de iniciar el proceso de publicación de una redeterminación por lo que respecta a la infracción "en su aplicación" hasta que su reglamento modificado esté en vigor, debido a las constataciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación sobre "la repercusión de las disposiciones sobre la renuncia incompatibles con la OMC en la determinación de probabilidad sobre la base del conjunto de la orden". Por último, observo que la Argentina aduce que el Miembro al que incumbe la aplicación -en el presente caso los Estados Unidos-, está obligado a demostrar que el plazo que propone -en el presente caso 15 meses- es el "plazo más breve posible" para poner sus medidas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones pertinentes del OSD. Los Estados Unidos responden que han cumplido esa obligación, ya que han demostrado con detalle tanto las medidas específicas necesarias para aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD como el tiempo necesario para tramitar esas medidas, haciendo hincapié en que, con arreglo a su ordenamiento jurídico, la enmienda del Reglamento del USDOC y la aplicación del reglamento enmendado a la redeterminación han de tener lugar in seriatim. Habida cuenta de esas consideraciones, paso ahora a examinar los elementos de hecho del presente asunto. Las recomendaciones y resoluciones del OSD que deben aplicarse En la presente diferencia, los Estados Unidos tienen que poner las siguientes tres medidas, cuya incompatibilidad con el Acuerdo Antidumping se constató en el informe del Grupo Especial, modificado por el informe del Órgano de Apelación, en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del citado Acuerdo: a) la determinación del USDOC de probabilidad de continuación o repetición del dumping (la "determinación de probabilidad del dumping") por lo que respecta a las importaciones de productos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina, que se constató era incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 y con el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping (la infracción "en su aplicación"); b) las "disposiciones sobre la renuncia" del artículo 751(c)(4)(B) de la Ley Arancelaria de 1930 y el artículo 351.218(d)(2)(iii) del Reglamento del USDOC, que se constató eran incompatibles, en sí mismos, con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping (infracción "en sí misma"); y c) la "disposición sobre las renuncias presuntas" del artículo 351.218(d)(2)(iii) del Reglamento del USDOC, que se constató era incompatible, en sí misma, con los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping con respecto a los declarantes que presentan comunicaciones incompletas (infracción "en sí misma"). Por lo que respecta a la infracción "en su aplicación" arriba citada, ambas partes convienen en que la determinación de probabilidad de dumping subyacente en esta diferencia es la "determinación de probabilidad sobre la base del conjunto de la orden" formulada por el USDOC en el sentido de que "la revocación de las órdenes de imposición de derechos antidumping a los productos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina ... llevaría probablemente a la continuación o la repetición del dumping", determinación que se publicó el 7 de noviembre de 2000 en el Federal Register. Los medios de aplicación Por lo que respecta a las infracciones "en sí mismas" arriba descritas, no se discute que los Estados Unidos, para aplicar las recomendaciones y resoluciones pertinentes del OSD en el asunto Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos, tienen que enmendar el Reglamento del USDOC. En la audiencia, los Estados Unidos confirmaron que "tienen intención de atender a las recomendaciones y resoluciones del OSD concernientes a la disposición de la ley que regula la renuncia (artículo 751(c)(4)(B) de la Ley arancelaria de 1930) mediante la modificación de su reglamento". Por lo que respecta a la infracción "en su aplicación" arriba descrita, hay, no obstante, desacuerdo entre las partes sobre si el USDOC puede formular una "nueva determinación" o una "redeterminación" de la probabilidad de continuación o repetición del dumping en el examen por extinción subyacente sin publicar antes un nuevo reglamento enmendado que esté en conformidad con el Acuerdo Antidumping. La Argentina aduce que la "principal" incompatibilidad que el Grupo Especial constató con respecto a la determinación de probabilidad de dumping subyacente fue que "no se basaba en pruebas positivas"; es decir, no había una "base de pruebas" que respaldara la determinación de probabilidad de dumping formulada por el USDOC. Según la Argentina, la enmienda de las disposiciones sobre la renuncia y su posterior aplicación a una nueva determinación no puede "subsanar la falta de pruebas positivas de probabilidad de dumping". La Argentina sostiene, en consecuencia, que una "opción más corta" para la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia sería "tramitar un procedimiento administrativo sin aplicar la disposición sobre la renuncia, o sin permitir que afectara a la determinación global para todo el país sobre la base de los elementos de hecho del presente asunto". En suma, la Argentina sostiene que la afirmación de los Estados Unidos de que la aplicación requiere un enfoque in seriatim carece de fundamento. Los Estados Unidos aducen, por el contrario, que la constatación del Grupo Especial de que la determinación de probabilidad de dumping era incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping se basó en dos premisas: en primer lugar, una de las bases fácticas de la determinación positiva del USDOC, a saber, que los exportadores argentinos seguían incurriendo en dumping mientras la medida estaba en vigor, no era adecuada; y en segundo lugar, el USDOC, al llegar a esa determinación, aplicó a los exportadores argentinos distintos de Siderca las disposiciones sobre la renuncia de la legislación estadounidense que el Grupo Especial constató eran incompatibles, en sí mismas, con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. Con respecto a la primera premisa, los Estados Unidos destacan que la conclusión del Grupo Especial no se basó en una constatación "de que faltaran pruebas que respaldaran la determinación positiva", sino más bien en una constatación de que el USDOC "no tenía motivos suficientes para constatar que el dumping había continuado mientras la orden estaba en vigor". Por lo que respecta a la segunda premisa, los Estados Unidos señalan que la aplicación de las disposiciones sobre la renuncia incompatibles con la OMC en la determinación en el examen por extinción subyacente no puede subsanarse sin enmendar el Reglamento del USDOC. Los Estados Unidos sostienen que los argumentos de la Argentina se basan en su suposición de que la única manera en que los Estados Unidos pueden subsanar la infracción "en su aplicación" en el presente caso es revocando en su totalidad la orden sobre derechos antidumping. Sin embargo, según los Estados Unidos, es el Miembro al que incumbe la aplicación el que debe decidir la forma más adecuada de poner una medida impugnada en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo abarcado. En respuesta a preguntas formuladas en la audiencia sobre las razones por las que el proceso de reevaluación de las pruebas que figuran en el expediente para una determinación fáctica del USDOC para subsanar la infracción "en su aplicación" y el proceso de enmienda del Reglamento del USDOC para subsanar las infracciones "en sí mismas" no pueden proceder en paralelo, los Estados Unidos aducen que entrarían "en aguas jurídicamente turbias" si formularan una redeterminación basada en un reglamento existente cuya incompatibilidad con la OMC se había constatado, o si iniciaran el proceso de formulación de la redeterminación sobre la base del reglamento existente, enmendaran el reglamento "a medio camino" y después aplicaran el reglamento enmendado a la determinación definitiva. Los Estados Unidos destacaron a ese respecto que tanto el Grupo Especial como el Órgano de Apelación habían constatado que las disposiciones sobre la renuncia existentes tienen una "repercusión ... en la determinación de probabilidad sobre la base del conjunto de la orden". Cuando el USDOC publica nuevos cuestionarios con objeto de formular una redeterminación, puede muy bien haber "no declarantes" argentinos, desconocidos ahora para el USDOC, y si el USDOC les aplica las disposiciones sobre la renuncia existentes, la determinación podría impugnarse de nuevo por considerarse incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. Por tanto, para cumplir plenamente las recomendaciones y resoluciones del OSD y corregir la infracción "en su aplicación", los Estados Unidos sostienen que primero tienen que enmendar las disposiciones sobre la renuncia del Reglamento del USDOC y después aplicar el reglamento enmendado a la redeterminación. Los Estados Unidos insisten, sin embargo, en que ello no significa que el USDOC procedería a formular una nueva determinación en un examen por extinción. En respuesta a preguntas formuladas en la audiencia sobre la manera en que el USDOC podría efectuar una redeterminación sin enmendar antes las disposiciones sobre la renuncia del Reglamento del USDOC (dado que la conclusión del Grupo Especial se basa en parte en la aplicación de esas disposiciones a los exportadores argentinos distintos de Siderca), la Argentina reconoció que los Estados Unidos están obligados a enmendar las disposiciones sobre la renuncia del Reglamento del USDOC. No obstante, en el presente caso, como la determinación subyacente carecía de un fundamento fáctico suficiente con respecto a las exportaciones tanto de Siderca como de otros exportadores argentinos, los Estados Unidos tienen la posibilidad de formular su redeterminación sin tener en cuenta las disposiciones sobre la renuncia. La Argentina adujo además que, dados los elementos de hecho del presente caso, por lo que respecta a las empresas argentinas "no declarantes" los Estados Unidos están libremente facultados para no aplicar la "suposición automática" de la continuación del dumping, y en lugar de ello asignar un "peso cero" a esas empresas. La Argentina observó también que la ley y el reglamento permiten a los Estados Unidos determinar libremente, caso por caso, el peso que ha de atribuirse a las constataciones sobre empresas específicas y la manera en que esas constataciones repercuten en una determinación a nivel de todo el país. Si los Estados Unidos optan por ejercitar esas facultades discrecionales en el presente caso, sólo les restarían las pruebas fácticas que figuraban en el expediente "en el momento en que el [USDOC] invocó la excepción del párrafo 3 del artículo 11", y podrían formular la redeterminación sobre esa base. A juicio de la Argentina, ello llevaría a revocar la orden de imposición de derechos antidumping. En consecuencia, la Argentina sostiene que los elementos de hecho del presente asunto no hacen necesario ni obligatorio un enfoque in seriatim. El proceso de aplicación Paso ahora a los argumentos presentados por los Estados Unidos en apoyo de su opinión de que en el presente caso se necesitan 15 meses para completar el proceso de aplicación. Los Estados Unidos sostienen que necesitan 15 meses porque el proceso de aplicación tiene que desarrollarse en dos etapas in seriatim. Explican las dos etapas en la forma siguiente. En la primera, el USDOC enmendará las disposiciones sobre la renuncia de su Reglamento para ponerlas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD. Los Estados Unidos ya han empezado los trabajos requeridos en esa etapa, que según los Estados Unidos se completarán en un plazo de nueve meses. En la segunda etapa, el USDOC publicará una nueva determinación de probabilidad de continuación o repetición del dumping que sea compatible con las recomendaciones y resoluciones del OSD. Según los Estados Unidos, esa etapa durará seis meses, pero el USDOC no podrá iniciarla hasta que el Reglamento se haya enmendado y haya entrado en vigor. Al explicar el marco legal estadounidense, los Estados Unidos sostienen que "hay dos disposiciones legales estadounidense principales que regulan la aplicación en la presente diferencia, el artículo 123 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, que regula la aplicación por lo que respecta a un reglamento [del USDOC], y el artículo 129 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, que regula la aplicación por lo que respecta a una medida del [USDOC] en un procedimiento antidumping (o sobre derechos compensatorios)". Según los Estados Unidos, las etapas primera y segunda del proceso de aplicación requieren los trámites de procedimiento específicos arriba esbozados. En la audiencia, los Estados Unidos explicaron que preveían completar el proceso del artículo 123 no más tarde del 17 de septiembre de 2005. Aunque eso suponía "alrededor de un mes y medio de retraso" sobre el calendario de la primera etapa, los Estados Unidos preveían que podrían "recuperar el tiempo perdido" durante el proceso del artículo 129 para la segunda etapa. La Argentina aduce que los Estados Unidos "pueden adoptar un nuevo reglamento en un plazo de cuatro meses a contar desde una resolución del OSD" porque "no hay normas que limiten la velocidad a la que pueden hacerse enmiendas en los reglamentos para que los Estados Unidos cumplan las obligaciones que han asumido en el marco de la OMC". Según la Argentina, "en el artículo 123(g) sólo hay una disposición que impone un límite temporal definido", y esa disposición simplemente estipula que "una norma definitiva no puede entrar en vigor hasta que haya finalizado el período de consultas de 60 días", pero incluso esto está "sujeto a una excepción". En ese sentido, la Argentina cita el asunto Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea ("Estados Unidos - DRAM"), en el que los Estados Unidos modificaron su reglamento en seis meses y siete días y promulgaron un nuevo reglamento cinco semanas más tarde, con un período total de aplicación de 7 meses y 17 días. Por lo que respecta a la segunda etapa del proceso de aplicación, la Argentina sostiene que algunas de las actividades esbozadas por los Estados Unidos, como la publicación de cuestionarios originales y suplementarios, la verificación de información y la publicación de una determinación preliminar, no están justificados, ni la legislación estadounidense las requiere en un procedimiento de examen por extinción. La Argentina sostiene también que algunas de las otras actividades, como la determinación de la información necesaria, el examen y el análisis de las observaciones recibidas y la formulación de una determinación definitiva, no requieren los largos plazos indicados por los Estados Unidos. La Argentina pone también de relieve que los Estados Unidos están perfectamente facultados para efectuar su determinación sobre la base del artículo 129(b) simultáneamente con el proceso del artículo 123(g). Por último, la Argentina sostiene que la redeterminación necesaria en este caso es "semejante al procedimiento administrativo [que el USDOC] desarrolla cuando otros tribunales (como un tribunal de examen o un [panel del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ('TLCAN')] constatan que una determinación [del USDOC] es ilegítima", y que "esos tribunales a menudo sólo dan [al USDOC] 30 ó 60 días para formular una redeterminación". En suma, la Argentina aduce que el plazo de seis meses propuesto por los Estados Unidos para la segunda etapa no tiene justificación posible, y que en el presente caso puede formularse una redeterminación en un plazo de tres meses. En respuesta a las citas que la Argentina hace de anteriores diferencias, los Estados Unidos sostienen que los elementos de hecho que prevalecían en el asunto Estados Unidos - DRAM eran "muy distintos" de los pertinentes para la aplicación en la presente diferencia. Por lo que respecta a la aplicación de las decisiones de los paneles del TLCAN, los Estados Unidos indican que "el TLCAN aplica la legislación estadounidense", que las resoluciones de los paneles del TLCAN "están sujetas a las normas estadounidenses", y que no ocurre lo mismo con los procedimientos de la OMC, a los que afectan las prescripciones adicionales en materia de procedimiento y transparencia establecidas en el artículo 129 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. La Argentina como país en desarrollo Miembro Tanto en su comunicación escrita como en la audiencia, la Argentina invocó el párrafo 2 del artículo 21 del ESD, que establece lo siguiente: Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de solución de diferencias. La Argentina me sugiere que al determinar el plazo prudencial en el presente caso tenga en cuenta "las constantes dificultades con que la Argentina tropieza como país en desarrollo mientras se mantienen las medidas estadounidenses incompatibles con la OMC". La Argentina aclaró en la audiencia que no estaba sugiriendo que me apartara del principio básico de que el "plazo prudencial" se determine sobre la base del "plazo más breve posible", sino más bien que el párrafo 2 del artículo 21 ofrece un "contexto" para mi determinación del "plazo prudencial" en el presente caso. Determinación del "plazo prudencial" Como se indica más arriba, ambas partes están de acuerdo con el principio general articulado en anteriores laudos arbitrales en virtud del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD de que el "plazo prudencial" debe determinarse sobre la base del "plazo más breve posible en el cual, dentro del sistema jurídico del Miembro de que se trate, puedan aplicarse las recomendaciones y resoluciones pertinentes del OSD". Ambas partes convienen también en que el Miembro al que incumbe la aplicación debe aprovechar la flexibilidad y las facultades discrecionales que le ofrecen su sistema jurídico y administrativo para aplicar lo más rápidamente posible las recomendaciones y resoluciones del OSD. En la audiencia, la Argentina convino en que corresponde al Miembro al que incumbe la aplicación escoger el método de aplicación más adecuado, y en que en el marco del párrafo 3 c) del artículo 21 del ESD no es función del árbitro prescribir un método de aplicación en particular. No obstante, la Argentina hace hincapié en que, sea cual sea el método o proceso escogido por el Miembro al que incumbe la aplicación, ese Miembro debe proceder a ella en el "plazo más breve posible", aprovechando toda la flexibilidad y las facultades discrecionales que le ofrecen su sistema jurídico y administrativo para hacerlo. Los Estados Unidos consideran que primero es necesario enmendar las disposiciones sobre la renuncia del Reglamento del USDOC para ponerlas en conformidad con las recomendaciones y resoluciones del OSD, y que sólo después de la publicación del reglamento enmendado puede éste aplicarse a una nueva determinación para subsanar la infracción "en su aplicación" en la presente diferencia. En ese sentido observo dos aspectos de esta diferencia: en primer lugar, que una de las razones por las que el Grupo Especial constató una infracción "en su aplicación" fue que las disposiciones sobre la renuncia incompatibles con la OMC se aplicaron a exportadores argentinos distintos de Siderca; y, en segundo lugar, que en cualquier caso se requiere una enmienda de las disposiciones sobre la renuncia del Reglamento del USDOC para subsanar las infracciones "en sí mismas" en esta diferencia. Los Estados Unidos han explicado por qué en este caso consideran necesario un enfoque in seriatim para asegurarse de que la redeterminación esté en conformidad con su ordenamiento jurídico. La Argentina no pone en entredicho lo que los Estados Unidos consideran prescripciones de su ordenamiento jurídico, pero hace hincapié en que corresponde a los Estados Unidos, en tanto que Miembro al que incumbe la aplicación, aprovechar toda la flexibilidad y las facultades discrecionales de que disponen para subsanar las infracciones de disposiciones de la OMC lo más rápidamente posible. Observo además que los Estados Unidos convienen en que algunos de los trámites y los plazos indicados para esos trámites en su proceso de aplicación no son legalmente obligatorios. No obstante, son necesarios para que la aplicación se desarrolle de manera transparente y eficiente. Observo también que los Estados Unidos convienen en que algunos de los trámites incluidos en las dos etapas de aplicación, como las consultas con el Congreso, pueden desarrollarse en forma flexible y simultánea para ahorrar tiempo, sin ser por ello incompatibles con las prescripciones legales establecidas en los artículos 123 y 129 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Como se indica más arriba, la Argentina me pide que a los efectos de mi determinación del plazo prudencial considere como "contexto" el hecho de que la Argentina es un país en desarrollo Miembro. Habida cuenta del proceso de aplicación que entraña la presente diferencia, considero que, más allá de la obligación fundamental de que ese proceso se complete en el plazo más breve posible que permita el sistema jurídico y administrativo de los Estados Unidos, el hecho de que la Argentina, como Miembro reclamante, sea un país en desarrollo, no afecta al "plazo prudencial" para la aplicación. laudo A la luz de lo arriba expuesto, determino que el "plazo prudencial" para que los Estados Unidos apliquen las recomendaciones y resoluciones del OSD en la presente diferencia es de 12 meses a contar desde el 17 de diciembre de 2004, fecha en la que el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación. En consecuencia, el plazo prudencial expirará el 17 de diciembre de 2005. Firmado en el original, en Ginebra, en el día de hoy, 27 de mayo de 2005, por: ________________________ A.V. Ganesan Árbitro Informe del Órgano de Apelación, WT/DS268/AB/R. Informe del Grupo Especial, WT/DS268/R y Corr.1. WT/DS268/8. WT/DSB/M/181, párrafo 10. W/DS268/9. WT/DS268/10. El plazo de 90 días tras la adopción de los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación expiró el 17 de marzo de 2005. WT/DS268/11. Comunicación de los Estados Unidos, párrafos 3 y 27. Ibid., párrafo 9 (donde se hace referencia al informe del Órgano de Apelación Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos, supra, nota 1, párrafos 234 y 260; y al informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos, supra, nota 2, párrafos 7.101 y 7.222). Véase también ibid., párrafo 3. Ibid., párrafo 13 (donde se hace referencia al informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos, supra, nota 2, párrafos 8.3 y 8.5). Ibid., párrafo 13 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Australia - Salmón, párrafo 35; y al Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd), párrafo 52). Ibid., párrafos 4, 8, 15 y 18-20 (donde se hace referencia al artículo 123 de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, codificado en 19 U.S.C. § 3533 (Estados Unidos - Prueba documental 1, adjunta a la comunicación de los Estados Unidos)). Ibid., párrafo 4, 16 y 21-26 (donde se hace referencia al artículo 129 de la Ley de los Acuerdos de la Ronde Uruguay, codificado en 19 U.S.C. § 3538 (Estados Unidos - Prueba documental 2 adjunta a la comunicación de los Estados Unidos)). Ibid., párrafo 16. Ibid., nota 29 al párrafo 16. Ibid., párrafos 10 (donde se hace referencia a los Laudos de los Árbitros en Canadá - Automóviles y Canadá - Patentes para productos farmacéuticos). Ibid., párrafo 12 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias, párrafo 42). Comunicación de la Argentina, párrafo 1. Ibid., párrafo 4. Ibid. Ibid. Ibid., párrafo 5. Ibid., párrafo 53. Ibid., párrafo 36. Ibid., párrafo 29 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 32). Informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001; informe del Grupo Especial, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R. Informe del Órgano de Apelación, WT/DS212/AB/R, adoptado el 8 de enero de 2003; informe del Grupo Especial, WT/DS212/R, adoptado el 8 de enero de 2003, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS212/AB/R. Comunicación de la Argentina, párrafo 46. Ibid., párrafo 47. Informe del Órgano de Apelación, WT/DS213/AB/R, adoptado el 19 de diciembre de 2002; informe del Grupo Especial, WT/DS213/R y Corr.1, adoptado el 19 de diciembre de 2002, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS213/AB/R. Comunicación de la Argentina, párrafos 18 a 20 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, CE - Hormonas, párrafo 26; al Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes para productos farmacéuticos, párrafo 47; y al Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd), párrafo 44). Ibid., párrafos 23 y 56 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios, párrafo 43). Ibid., párrafo 50; 19 U.S.C. § 3538(b) (Argentina - Prueba documental 1, adjunta a la comunicación de la Argentina). Ibid., párrafo 64; 19 U.S.C. § 3533(g) (Argentina - Prueba documental 3, adjunta a la comunicación de la Argentina). Ibid., párrafo 71. Ibid., párrafos 31-32 y 78-80 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios, párrafos 55-56). Ibid., párrafo 78. Ibid., párrafos 30 y 73-74 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias, párrafo 31). Ibid., párrafo 75 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916, párrafo 38). Ibid., párrafos 76-77. Véase WT/DS268/11. Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios, párrafo 34 (donde se cita el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916, párrafo 32). Véanse también el Laudo del Árbitro, CE - Hormonas, párrafo 26, y el Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias, párrafo 26. Véanse el Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes farmacéuticas, párrafo 49; el Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios, párrafo 38; y el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd), párrafo 57. Véase, por ejemplo, el Laudo del Árbitro, Corea - Bebidas alcohólicas, párrafo 45; el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916, párrafo 36; el Laudo del Árbitro, Chile - Sistema de bandas de precios, párrafo 32; el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd), párrafo 48; y el Laudo del Árbitro, CE - Preferencias arancelarias, párrafo 30. Véanse el Laudo del Árbitro, Canadá - Período de protección mediante patente, párrafos 63 y 64; el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd), párrafo 64 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor, párrafo 39, y el Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Ley de 1916, párrafo 39). Comunicación de la Argentina, párrafo 4. Ibid., párrafos 4 y 36. Declaración de los Estados Unidos en la audiencia; comunicación de los Estados Unidos, párrafo 7 (donde se hace referencia al Laudo del Árbitro, Japón - Bebidas alcohólicas II, párrafo 12, y al Laudo del Árbitro, Canadá - Patentes farmacéuticas, párrafos 49-51). El "Reglamento del USDOC", en cuanto que guarda relación con los exámenes por extinción, figura en los Procedimientos para realizar exámenes ("por extinción") de cinco años de las órdenes sobre derechos antidumping y compensatorios, United States Federal Register, volumen 63, Nº 54 (20 de marzo de 1998), página 13516 (Estados Unidos - Prueba documental 3, presentada por los Estados Unidos al Grupo Especial), codificado en el Título 19, artículo 351.218 del United States Code of Federal Regulations. Supra, nota 9. Comunicación de la Argentina, párrafos 19 y 34. USDOC, Resultados definitivos de los exámenes por extinción acelerados: artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina, Corea, Italia y el Japón, US Federal Register, volumen 65, Nº 216 (7 de noviembre de 2000) 66701, 66703, (Argentina - Prueba documental 46, presentada por la Argentina al Grupo Especial). En la audiencia, los Estados Unidos aclararon que la determinación sobre la base del conjunto de la orden, aunque incluye a países distintos de la Argentina, es una combinación de las determinaciones formuladas con respecto a cada país y, en cuanto afecta a la presente diferencia, la determinación formulada con respecto a la Argentina se trataría por separado. Véase supra, párrafos 33 b) y 33 c). Comunicación de los Estados Unidos, nota 7 al párrafo 3. Véase, supra, párrafo 33 a). En la audiencia, los Estados Unidos explicaron que para formular esa nueva determinación o redeterminación, "reevaluarían las pruebas" que figuraban en el expediente y "pedirían aclaraciones" a las partes interesadas. Comunicación de la Argentina, párrafos 5, 9, 47, 48 y 58. Declaración de la Argentina en la audiencia. Ibid. (las cursivas son del original) Ibid. Declaración de los Estados Unidos en la audiencia. Supra, nota 9. Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 3. Ibid., párrafo 14. (se omite la nota de pie de página) Véase supra, párrafos 7 y 8. Declaración de la Argentina en la audiencia. Ibid. Informe del Grupo Especial, WT/DS99/R, adoptado el 19 de marzo de 1999. Declaración de la Argentina en la audiencia. Ibid. (las cursivas son del original) La Argentina observa a ese respecto que en el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente los Estados Unidos sólo propusieron un plazo de cuatro meses para publicar una nueva determinación (declaración de la Argentina en la audiencia). Declaración de los Estados Unidos en la audiencia. Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. Comunicación de la Argentina, párrafo 80. Declaración de la Argentina y respuesta a preguntas formuladas en la audiencia. Véase supra, párrafo 25 y nota 42. Véase supra, párrafo 27. Véase supra, párrafo 38. Véase supra, párrafo 39. Respuesta de los Estados Unidos a preguntas formuladas en la audiencia. Ibid. Véase supra, párrafo 48. WT/DS268/12Página PAGE 22 WT/DS268/12 Página PAGE i !"#(45FIKLMQSWX`cjlmnpw®¯ÊËãäêë÷ø òäØÐÉÁº³É¨¨•¨É³†³ÉxÉqf^f^f^f^f^f^h/nCJaJh/nhÝ4CJaJh6òhÝ4h6òhŸ=§h6òhðKóh6òh•3bh6òh]˜5h/nCJaJh6òh2H!CJaJh6òh]˜CJaJh6òhå h6òhà}Wh6òhå 5h6òh]˜h6òh]˜>*h6òh]˜:CJ,aJ,h6òh]˜5:CJ,aJ,h6òh2H!5:CJ,aJ,$"#$%&'(óêê™êêFêSkdd$$If–l4”ˆÿÖ0+p# +E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laölQkd$$If–l4Ö0+p#`+E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laöl $Ifgd]˜dh$Ifgd]˜OÜÜþ*ÿýýý(4GHISTUVöö¥ööUööOkd0$$If–lÖ0+p#+E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laölQkdÌ$$If–l4Ö0+p# +E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laöl $Ifgd]˜VWXklmno¤–FAAAgdmn˜Okd$$If–lÖ0+p#+E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laöl ÆÐÄ$Ifgd]˜ $Ifgd]˜Qkdš$$If–l”`ÿÖ0+p#+E tàööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö laölopqrstuvwx % & ' ( ) * + , - . / 9 ” ´ Ô úúúúúúúúúõõõõõõõõõõõõõõõõõõõgdÝ4gdmn˜ ' / 0 Ó Ú ï ñ ø ù ú ! 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